La revista “Mundo Cristiano” tuvo la amabilidad de entrevistarme en su último número para hablar de la cuestión, espinosa donde las haya, de la castración química. Reproduzco a continuación la entrevista, que puede también leerse en Aragón Liberal.
Antes de nada me gustaría plantear con exactitud que entendemos por castración química, en que consiste el procedimiento, y cuales son sus efectos, puesto que es una información imprescindible para tomar una posición a favor o en contra.
La castración química es un tratamiento que consiste en la utilización de sustancias que bloqueen la acción de la testosterona, que es la hormona esencial para el correcto funcionamiento de la sexualidad masculina.
Aunque se han realizado experiencias con diferentes sustancias el proceso que se propone como más eficaz es la utilización de Depo-Provera, un progesterona sintetica (medroxiprogesterona) utilizada por las mujeres como método de control de la fertilidad o regulación hormonal, en forma inyectable.
La Depo Provera inyectada a los hombres puede producir tres tipos de efectos: disminuye la intensidad y frecuencia de los impulsos sexuales, impide la irrigación de sangre al pene evitando la erección, e imposibilita la obtención del orgasmo y la eyaculación. La realidad es que no se han realizado ensayos clínicos que permitan extraer conclusiones válidas, y que la información disponible sobre la utilidad del tratamiento procede de experiencias aisladas, con unos resultados positivos o favorables que no exceden del 40% en el mejor de los casos.
Por otra parte este tratamiento presenta algunos efectos secundarios, como pueden ser: la disminución y pérdida de vello facial y corporal, una redistribución de grasa en el cuerpo y el desarrollo de las características femeninas de la persona.
Por último hay que dejar claro que para asegurar la efectividad de la castración química, debe repetirse la dosis cada seis meses. En caso contrario, el deseo sexual y sus manifestaciones físicas reaparecen.
La castración química presenta algunos efectos secundarios, más allá de los cambios que pueda perseguir, como pueden ser: la disminución y pérdida de vello facial y corporal, una redistribución de grasa en el cuerpo y el desarrollo de las características femeninas de la persona.
Por otra parte, consideramos que la castración química como medida preventiva de la violación, es decir, como forma de prevenir la reincidencia de los violadores, sólo sería eficaz en aquellos casos en los que el violador actua por una falta del control del deseo sexual, olvidando que en muchos casos obedece más a la necesidad que tienen de satisfacer su ansia de dominio y poder que de satisfacer el deseo sexual.
Dicho esto, y pasando a responder las preguntas formuladas, en mi opinion:
1.- El presidente francés ha propuesto la castración química de los violadores ¿Es eticamente justificable esa medida? ¿Por qué?
Como principio general considero que para que una medida médica sea eticamente admisible debe ser respetuosa con los derechos humanos, la ética profesional, y además debe ser efectiva y eficaz con respecto a los fines.
Si pensamos en la castración química como una medida obligatoria aplicable a los condenados por delitos sexuales, estamos hablando de una intervención corporal forzosa como sanción o castigo, incompatible con el respeto a la integridad personal y el respeto a la libertad individual, cuya única justificación ética sería la defensa de la seguridad de las personas.
Consideramos que nunca la justicia puede alcanzarse con medios irrespetuosos con la dignidad de las persona , pero menos cuando la eficacia de la medida es tan cuestionable respecto a su eficacia, ya que no influye sobre la agresividad y ansia de domino y poder determinante de muchos delitos sexuales, además las experiencias realizadas son de carácter aislado y demuestran una baja efectividad, y por otra parte tiene un carácter temporal, lo que implica la administración periódica del tratamiento y por tanto un tratamiento coactivo continuado a lo largo del tiempo.
2.- ¿Cabría aceptarlo, como en determinadas ocasiones se ha llegado a aceptar la pena de muerte (argumentado un mecanismo de defensa de la sociedad)?
En nuestro país la pena de muerte esta abolida, sin excepciones, por ser incompatible con los principios constitucionales y en concreto con el artículo 15 de la Constitución que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y que declara que nadie puede ser sometido a tortura, ni a penas, ni tratos inhumanos ni degradantes.
Dicho esto considero que la castración química como medida de seguridad y con carácter obligatorio para los delincuentes sexuales reincidentes no sería nunca aceptable por vulnerar claramente la libertad e integridad personal.
Otra cuestión es la necesidad de abordar el problema que subyace y que es ¿qué debemos hacer con los delincuentes sexuales con un pronóstico social altamente desfavorable y que por tanto cuando estén en la calle puedan reincidir?.
La respuesta obviamente exige de actuaciones, dado que el quietismo institucional genera una terrible intranquilidad en la población, pero indudablemente cualquier propuesta que se realice debe ser respetuosa con los derechos de las personas y los preceptos constitucionales, para ello de entrada pensamos que lo primero debe ser el cumplimiento estricto de las penas y medidas penales existentes, favoreciendo el cumplimiento integro de las penas, la reeducación del delincuente y la aplicación de medidas tras la puesta en libertad como la medida de alejamiento o la prohibición de residir en la misma población que la víctima. Las medidas médico asistenciales, tanto la inclusión en programas encaminados a reconocer el delito y el dolor causado y a controlar sus impulsos deben ser voluntarios, al ser imprescindible la colaboración personal para su efectividad.
3.- En algunos casos, ha sido el propio violador quien ha pedido que se le someta a esa accion de castración quimica ¿Cambia en algo el juicio moral sobre esa acción? ¿Se debe atendera esa petición?
En principio las solicitud del tratamiento de forma voluntaria eliminaría la objección principal desde el punto de vista ético y legal, al dejar de ser una intervención corporal forzosa y por tanto una intromisión ilegitima a la dignidad y libertad personal.
Cuestión diferente es la valoración de la indicación de la medida o tratamiento, que debería ceñirse a los principios éticos de capacidad, voluntariedad e información, además de al principio de proporcionalidad, que exige la ponderación de riesgos beneficios.
Por el momento y ante la ausencia de ensayos clínicos y estudios suficientes consideramos que la solicitud de dicho tratamiento debería adoptarse con prudencia y sobre todo atendiendo a las caracteristicas individuales del caso.
4.- La castración quimica ¿supone realmente una solución ante los violadores?
No es una solución al problema puesto que en el mejor de los casos afecta a la función sexual de forma temporal sin influir en la agresividad o el ansia de dominio o poder determinantes en muchos casos de la comisión del delito.
En definitiva consideramos que la castración química no garantiza que los delincuentes sexuales reincidentes tratados con sustancias inhibidoras no vuelvan a cometer agresiones sexuales, el tratamiento exige un seguimiento estricto de su evolución y repetición periódica y precisa acompañarse, en cualquier caso, de tratamiento y seguimiento psicológico continuado.
5.- ¿Qué salidas tanto penales como médicas, serían aceptables con los viladores respetando la dignidad de la persona, para que no vuelvan a reincidir?
Desde el punto de vista penal, como decía antes, apostaría por cumplimiento integro de las penas junto a la reeducación del delincuente, haciendo un seguimiento exhaustivo y tratamiento individualizado, que pudiera prolongarse con medidas de seguridad al finalizar el cumplimiento de la pena.
Desde el punto de vista médico es necesario seguir profundizando en el estudio de los agresores sexuales a los efectos de conocer los diferentes perfiles de agresores y sus motivaciones, así como los estudios genéticos, hormonales y psiquiatricos, favoreciendo entre tanto el acceso al tratamiento médico y psiquiátrico de acuerdo con los principios de capacidad, voluntariedad e información.
En la actualidad de los estudios realizados en España sobre el tema, en concreto un sondeo realizado en la prisión de Brians en Barcelona, se puede decir que la reincidencia en delitos sexuales de los presos no sometidos a tratamiento psicoterapico fue del 20% frente al 4% de los que si recibieron dicho tratamiento.
6.- Además de las consideraciones morales, ¿seria posible esta medida en el ordenamiento jurídico español actual?
En principio y de acuerdo con lo expuesto, hoy la medida es legalmente inaceptable dentro del ordenamiento jurídico español al ser contraria a los preceptos constitucionales, y en concreto al articulo 15 de la Constitución Española de 1978, ya que afecta claramente a la integridad física y psíquica de las personas, además de a su libertad personal, lo que en si mismo es contrario al respeto de los derechos humanos.
Cuestión distinta es la necesidad de abrir un debate y favorecer estudios que intenten solucionar el problema de la reincidencia en los delitos sexuales, que según diversos estudios suponen casi un 12% de los casos, y que teniendo en cuenta el numero de presos que actualmente existen en España por dicho motivo, más de 2000, hacen del tema una cuestión de prioridad.
No debemos olvidar que cualquier medida que se proponga debe hacer posible la conciliación de la defensa de la sociedad con el respeto de los derechos de las personas, lo que es posible abordando reformas del Código penal que permitan el endurecimiento de las penas y favorezcan la reinserción social pero dentro del marco Constitucional.
