DE LA OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA A LA OBSTINACIÓN LEGISLATIVA

Os dejo aquí,en mi blog, un Artículo mío que apareció publicado el pasado día 21 de julio en el Periódico ARAGÓN LIBERAL:

“Uno de los temas que periódicamente aparece en el debate social es el derecho a una muerte digna, una cuestión que suele relacionarse inadecuadamente con la eutanasia (buena muerte) y, por tanto, con el derecho del paciente incurable o terminal a solicitar de otra persona conductas que, con el fin de acabar con el sufrimiento o el dolor, implican la producción directa o el aceleramiento de la muerte.

Del mismo modo, es habitual vincular ese derecho a una reivindicación para acabar con la obstinación o encarnizamiento terapéutico, es decir, con la aplicación o mantenimiento de medidas de soporte vital u otras intervenciones médicas que tienen como único fin prolongar la vida biológica, pero sin posibilidades reales de mejorar o recuperación, y que por tanto tienen la consideración de fútiles (inútiles).

Sin ninguna duda, admitir la Eutanasia como solución alternativa al sufrimiento y al alivio de los síntomas es el mayor fracaso de la medicina y de la sociedad; es admitir que no sabemos como aliviar los síntomas de los pacientes terminales o incurables y que no sabemos como modificar las circunstancias personales en las que está viviendo el paciente. Pero ese mismo fracaso médico y social es no saber admitir que el paciente tiene derecho a poner límites a su tratamiento y por tanto negarse a recbir medidas asistenciales desproporcionadas o fútiles. Así pues, adelantar la muerte es tan contrario al Derecho y a la Ética Médica como prolongar la agonía y no dejar morir.

Generalmente, los debates se plantean en estos temas desde  posturas extremas, desde eutanasia “sí” eutanasia “no”, de forma que parece que quien se opone a la eutanasia se convierte en defensor del encarnizamiento terapéutico. Ello, además de falso, no conduce a nada más que a la confrontación y a la confusión. Pero, sobre todo, con este planteamiento ponemos de manifiesto  que nos olvidamos de las posturas intermedias, como son promover los cuidados paliativos (que precisamente persiguen mejorar la calidad de vida del enfermo terminal y sus familiares a través de la prevención y alivio del sufrimiento), el tratamiento del dolor y la atención a los problemas físicos, psicosociales y espirituales. En definitiva, el objetivo de esos cuidados paliativos es que el paciente no desee morir, que el paciente tenga un nivel de calidad de vida suficiente para vivir hasta el último segundo.

El pasado mes de junio se presentó en las Cortes de Aragón el “Proyecto de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte”, la llamada “Ley de muerte digna”. Se abrió así la puerta del debate en nuestra Comunidad.

Como reflexión inicial me gustaría decir que la buena intención de una Proposición de Ley, y no dudo de ello, no es motivo suficiente para calificar la iniciativa como “buena”, ya que el fin no siempre justifica los medios. La bondad de una propuesta debe derivar, además de la bondad de su contenido, de un análisis de la necesidad, la viabilidad y la eficacia social de los preceptos que la componen.

Tras la lectura de la exposición de motivos y del articulado, la conclusión a la que puedo llegar es que su intención es buena, puesto que es loable el defender que si el morir es una parte del vivir y todas las personas tienen derecho a una vida digna, este derecho también debe alcanzar el momento de morir. Sin embargo, por su contenido, esta Ley es, en buena medida, innecesaria ya que sus preceptos son redundantes en el reconocimiento de derechos de los pacientes ya contemplados en  la normativa nacional, autonómica y en la deontología profesional. Por otra parte, es una Ley inviable ya que  parte de una situación asistencial que no es real en nuestra Comunidad, pues garantiza el acceso de los enfermos terminales a los cuidados paliativos cuando en la mayoría de los hospitales de Aragón no existe una verdadera unidad de cuidados paliativos; se refiere a los Comités Asistenciales de Ética (CAE) como órganos de apoyo en situaciones difíciles, cuando sólo funcionan en algunos sectores y sin que exista una regulación sobre su funcionamiento; y  es una ley que olvida que, como todo proceso legislativo, requiere una reflexión sobre las experiencias previas, en este caso, sobre las experiencias previas en cuidados paliativos, testamento vital, limitación del esfuerzo terapéutico y sedación, cuestiones que no se han tenido en cuenta, como no se ha tenido en cuenta que estas materias ni siquiera forman parte del curriculum obligatorio de la formación sanitaria. Por tanto para hacer viable su aplicación, antes de legislar sería  necesario hacer el análisis de situación, incidir en la formación de los profesionales y cuantificar los recursos económicos, personales y materiales necesarios.

En cuanto a su eficacia social consideramos que el Proyecto de Ley de muerte digna introduce elementos que contribuyen a distorsionar la realidad: es una Ley que genera expectativas superiores a las previstas, pues algunos entenderán que es una Ley que regula el derecho a solicitar la eutanasia; es una Ley que puede generar desconfianza hacia los profesionales al plantear que es necesario legislar sobre lo que deben hacer los profesionales como si éstos no tuvieran claro que su principal lealtad es la que deben a su paciente, y que su cuidado está por encima de cualquier otro interés; es una Ley que propone sanciones para los profesionales que la incumplan, olvidando que la Ley debe servir para garantizar los derechos en casos de conflicto y proteger a los más débiles, pero que la calidad asistencial sólo se logra con profesionales comprometidos éticamente y no con profesionales que actúan por temores a la sanción, que en todo caso sólo conducirá a la Medicina Defensiva, de la que el principal perjudicado será el paciente; y es una Ley que olvida la conciencia profesional al no regular el derecho a la objeción de conciencia

Como conclusión podemos decir que el exceso de legislación sanitaria, el exceso de legislación de las obligaciones de los profesionales, conlleva el riesgo de judicialización de las decisiones clínicas, lo cual es un grave error, ya que éstas deben tomarse en función del conocimiento de cada paciente y su situación, y no por la existencia de una Ley que poco contribuirá a humanizar la asistencia.

Estoy convencida de que el exceso de legislación sanitaria debe calificarse como una obstinación legislativa, algo que es tan inaceptable como la obstinación terapéutica. Pero además, no debemos olvidar que “las leyes inútiles disminuyen el valor de las leyes necesarias”.

Dolores Serrat

Portavoz municipal del Partido Popular en Zaragoza

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Una respuesta

  1. me parece poco feliz, la eutanasia, en los hospitales, por lo menos en algunos de argentina, desconectan al paciente y chau, una vez tome a uno de cuello y le dije lo desconectas…y vas a la carcel…ni se inmuto, a las 13 hs…..habia fallecido.
    con lo demas de acuerdo, parlamento europeo, futboll, de la tierra de maradona.
    cordiales saludos
    dr sergior guerrero( italia-argentina)
    tante cosi belli per lei, dolores anque tutti.

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